El grupo popular entiende que el gobierno ha hecho dejación de sus funciones y no ha fiscalizado la labor que desempeñaba la anterior junta directiva de Okapi en las instalaciones municipales. Y es que fue la nueva presidenta de la protectora, Gabriela Cavallieri, la que el pasado mes de junio de 2011, denunció ante el Ayuntamiento la gestión del anterior presidente: traslado de perros a Alemania sin el correspondiente microchip, asaltos a las instalaciones, o las malas condiciones de la perrera.
Prueba de ello es que el Ayuntamiento no ha inscrito a la perrera municipal en el Registro de Explotaciones Ganaderas Canarias, hasta el 30 de noviembre del pasado año, cuando el real decreto que regula estas instalaciones data del año 2003.
EL Partido Popular se pregunta dónde estaba el seguimiento y control de estas instalaciones municipales durante estos últimos años, dónde los informes técnicos denunciando esta grave situación y si el gobierno municipal sabía que OKAPI no es entidad colaboradora del Gobierno de Canarias, tal y como asegura el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad a la diputada Águeda Montelongo en una pregunta escrita hecha en el Parlamento.
Marcial Morales debería informar al grupo de la oposición y a los ciudadanos acerca de la situación actual de la perrera municipal así como de la deuda que supuestamente mantiene el Ayuntamiento capitalino con la protectora de animales Okapi por una cuantía de 12 mil euros, según publica este jueves un medio de difusión.
Así mismo, el grupo del Partido Popular muestra preocupación por los más de 200 perros que no están siendo atendidos en las mejores condiciones y también por los que a día de hoy permanecen en la perrera municipal porque “desconocemos cómo se están cuidando a los animales y si se están cumpliendo con las diferentes normativas que rigen estas instalaciones”.
