El Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no entiende la gestión que está llevando a cabo el consistorio en la Perrera municipal.
Durante mucho tiempo el gobierno hizo dejación de sus funciones y no inscribió a la perrera en el Registro de Explotaciones Ganaderas Canarias, hasta el 30 de noviembre del pasado año, cuando el real decreto que regula estas instalaciones data del año 2003.
El Ayuntamiento se ha hecho cargo del servicio a través de un Reglamento que establece el uso y gestión de la perrera, cuyos gastos serán sufragados íntegramente por el consistorio a razón de más de 100 mil euros anuales, con horarios limitados.
Un servio que antes se prestaba por poco más de 27 mil euros sin que existiera fiscalización por parte del grupo de gobierno a la labor que estaba realizando la protectora de animales. Y es que fue la nueva presidenta de la organización, Gabriela Cavallieri, la que el pasado mes de junio de 2011, denunció ante el Ayuntamiento la gestión del anterior presidente: traslado de perros a Alemania sin el correspondiente microchip, asaltos a las instalaciones, o las malas condiciones de la perrera.
El grupo de gobierno consideró que la gestión de Cavallieri no se ajustaba a la legalidad y la echó de las instalaciones, llevándose ésta más de 200 perros. Esta semana, la dirección General de Ganadería ha levantado acta de inspección en el lugar en el que la presidenta de la protectora tiene a estos animales considerando que el estado de salud y el tratamiento a los perros es el adecuado.
“No entendemos entonces cuál es la razón por la cual este ayuntamiento tomó esta decisión y por la que ahora este servicio pasa a ser de gestión municipal si el Gobierno de Canarias obliga a los Ayuntamientos a que, si existen este tipo de asociaciones, sean éstas las que gestionen las perreras”.
El Ayuntamiento, para paliar el coste de las instalaciones, fija tasas municipales que se aplicarían una vez que el dueño recoja al animal en la perrera después de que la Policía Local o el servicio de medioambiente los traslade al recinto municipal por deambular libremente por la vía. El propietario pagará las costas de la estancia del animal en la perrera y, de no aparecer éste, el perro podría ser sacrificado.
El Partido Popular se pregunta si esta va a ser la nueva política del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, “matar a los animales para evitar masificaciones en las instalaciones sin plantear otras alternativas como campañas de sensibilización o de adopción de perros”.
Los populares creen que el Ayuntamiento improvisa en la gestión y esperan que el consistorio pronto pueda resolver las dudas de este grupo sobre si “se le adeuda a Okapi cerca de 12 mil euros y si la nueva forma de evitar masificaciones van a ser los sacrificios”.
